Subsidio al diésel no va más para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales

Durante años, Colombia mantuvo un esquema de subsidio generalizado al diésel que terminó beneficiando, en mayor medida, a los hogares con más ingresos que a los más vulnerables, según el Gobierno Nacional.

Este modelo, calificado como una política regresiva e ineficiente, concentró el 27,3% de los beneficios en el 10% más rico de la población, mientras que el 10% más pobre apenas recibió el 2,8%. En la práctica, los sectores de mayores recursos accedían hasta a diez veces más subsidio que los hogares de menores ingresos.

Ante esto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, manifestó que: “Estamos corrigiendo una injusticia social y fiscal que privilegiaba a quienes menos lo necesitaban. No tiene sentido que el Estado gaste billones de pesos subsidiando el combustible de camionetas particulares mientras millones de colombianos esperan más inversión en salud, educación y reforestación”.

Por ello, desde la cartera energética anunciaron que, mediante un mecanismo diferencial se ajustará de manera gradual el precio del diésel y esto aplicará para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, que no cumplen funciones esenciales de transporte.

Por su parte, el transporte público, de carga y los sectores estratégicos continuarán estando protegidos mediante la política de estabilización vigente, garantizando que no haya impactos en el costo de los alimentos ni de la canasta familiar, indicó el minminas.

“Esta medida protege a quienes realmente mueven al país, transportadores, campesinos y trabajadores. Estamos usando los recursos públicos con justicia social, poniendo primero a la mayoría y no a unos pocos”, añadió Palma.

A su vez, el jefe de la cartera de energía recordó el déficit histórico de $36,7 billones en 2022 en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), gracias a los subsidios indiscriminados entregados por años, según dijo. Con la aplicación de este mecanismo, se busca reducir el déficit, liberar recursos y garantizar un gasto público más justo y sostenible.

“Cada peso que dejamos de gastar en subsidios injustos es un peso que podemos invertir en bienestar colectivo, en un país más equitativo y en una transición energética justa”, puntualizó el ministro.

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