Sistema de salud inicia 2026 más desfinanciado tras decisiones del Gobierno que elevan riesgos para pacientes
- 14 ene
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El sistema de salud colombiano inicia 2026 con un nivel mayor de desfinanciación y con decisiones de política pública que, según un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social, agravan los riesgos para pacientes y usuarios.
En un pronunciamiento conjunto, los exfuncionarios señalaron que el cierre de 2025 dejó rezagos sin corregir en la financiación del sistema y que las medidas adoptadas para el nuevo año profundizan las barreras de acceso, la incertidumbre y la presión financiera sobre EPS e IPS.
“El resultado claro es mayor incertidumbre, mayores barreras de acceso, mayor sufrimiento y muerte”, afirmaron los firmantes, al advertir que las intervenciones administrativas y decisiones recientes han concentrado la deuda y el riesgo financiero sin resolver las causas estructurales del problema.
Recordaron que desde 2022 y de manera reiterada durante 2025 han expresado alertas públicas que coinciden con los pronunciamientos de la sociedad civil y de los principales órganos de control del Estado.
La Corte Constitucional, mediante autos emitidos en 2024 y 2025, reiteró que el sistema enfrenta un problema estructural de desfinanciación asociado al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según los exministros, el alto tribunal ha señalado el uso de información incompleta, la falta de aplicación de la metodología actuarial vigente y el incumplimiento de órdenes orientadas a garantizar la suficiencia financiera y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.
“El Gobierno cerró 2025 sin corregir los rezagos históricos de la UPC, prolongando el desacato frente a la Corte”, indicaron.
A estas advertencias se suman las de la Procuraduría General de la Nación, que ha señalado la fragilidad financiera del sistema y la ausencia de rigor técnico en decisiones clave, y las de la Defensoría del Pueblo, que ha alertado sobre el deterioro del acceso a los servicios y el aumento de quejas y tutelas.
La Contraloría General de la República, por su parte, ha confirmado que las ocho intervenciones administrativas adelantadas no corrigieron las causas estructurales de la crisis y, por el contrario, concentraron la deuda y el riesgo financiero.
En este contexto, los exministros cuestionaron el impacto fiscal y sectorial del incremento del salario mínimo decretado para 2026. Aunque reconocen que mejora el ingreso de cerca del 10% de la población laboralmente activa, advirtieron que genera un efecto significativo sobre las finanzas públicas y el sistema de salud.
De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el déficit aumentaría en $5,3 billones en 2026 por esta decisión. Para el sector salud, el costo adicional se estima en cerca de $4,5 billones, equivalente a aproximadamente el 40% de los recursos anunciados por el Gobierno para el incremento de la UPC.
Ese impacto, señalaron, no fue incorporado en los cálculos técnicos de necesidad de financiación elaborados por equipos expertos de la Andi y Acemi, que estimaban para 2026 un incremento requerido de la UPC entre 15% y 17%.
En ese escenario, el aumento del 16% de la UPC del régimen subsidiado resulta insuficiente, ya que no absorbe el choque de costos inducido por el salario mínimo ni cumple la orden de cerrar la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado, vigente desde la Sentencia T-760 de 2008.
La situación del régimen contributivo también genera preocupación. El incremento anunciado del 9%, aunque superior al ajuste de 2025 limitado al IPC de 5,3%, se ubica por debajo de una necesidad estimada de financiación del 17% para 2026, sin incluir el efecto del salario mínimo. Para los exministros, esto abre un nuevo frente de desfinanciación que se suma a los rezagos acumulados.
El pronunciamiento también cuestiona la evasión de la metodología actuarial y el traslado de responsabilidades técnicas a la Adres, entidad que, según el documento, no fue diseñada ni fortalecida para asumir estas funciones, mientras se debilita la capacidad técnica del Ministerio de Salud.
“No se trata de una queja aislada, sino de un clamor generalizado de los agentes del sistema, la sociedad civil y las instancias de control”, señalaron, al reiterar su defensa del derecho a la salud y su disposición a trabajar en consensos basados en evidencia para superar la crisis.
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