Restauración Ambiental del Tolima por minería ilegal cuesta más de $270.000 millones

Durante su intervención en la Comisión Quinta del Senado de la República, la directora general de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, expuso un balance técnico de las acciones adelantadas por la corporación frente a la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima, así como las afectaciones y los desafíos que representa la restauración ambiental del territorio.
En el debate de control político para determinar la afectación ambiental por la minería ilegal en Colombia, al que asistieron diferentes representantes del Gobierno nacional, la Policía, gobernadores, directores de algunas corporaciones, entre otros, la directora indicó que a través de un análisis multitemporal se identificaron impactos significativos en el Tolima sobre los ríos Saldaña y Atá, y la quebrada Pole, en Ataco. Los estudios reportan 491,09 hectáreas (ha) afectadas por actividades de extracción ilícita de minerales.
En este sentido, se determinó que las obras de recuperación del cauce de los ríos Atá y Saldaña cuestan más de $80.300 millones. Al mismo tiempo, la Corporación plantea como una necesidad apremiante formular e implementar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (Pomca) del Río Saldaña. Igualmente, se contempla la restauración de las más de 490 hectáreas afectadas en la zona.
“La restauración nos costará más de $189.000 millones, con la formulación e implementación del Pomca del río Saldaña, que incluye la subzona hidrográfica del río Atá, para de esta manera ordenar el territorio”, señaló Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima.
De esta manera, el valor total de las acciones de recuperación de los ríos, la restauración de las hectáreas, la implementación del Pomca, y también la atención de áreas afectadas por incendios forestales asciende a $270.249 millones. Por esta razón, la Corporación presentó un esquema de trabajo que requiere la articulación integral con el Gobierno nacional, la Gobernación del Tolima, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), municipios, y fondos nacionales y de regalías.
No obstante, la directora reiteró que enfrentar la minería ilegal requiere una respuesta integral y sostenida de todas las instituciones, que permita no solo ejercer control sobre estas actividades, sino también recuperar los ecosistemas afectados y prevenir que estas prácticas vuelvan a instalarse en el territorio.
Cortolima en articulación con la Fuerza Pública, la Gobernación del Tolima y otras instituciones estatales ha liderado 69 operativos contra la minería ilegal, que han permitido la aprehensión de 136 máquinas: 94 inutilizadas o destruidas y 42 incautadas. Asimismo, se han intervenido 189 minas, principalmente en municipios como Ataco, Coyaima y Chaparral.
Entre tanto, en el consolidado histórico, por minería ilegal se registran 346 procesos sancionatorios en 41 municipios, 64 % de ellos se encuentran en fase avanzada.
Las afectaciones ambientales
Entre las principales consecuencias se encuentran las alteraciones de los cauces, el incremento de la turbidez del agua, la afectación a ecosistemas acuáticos, la contaminación por derrame de combustibles, entre otros. También se advierten riesgos para la biodiversidad, particularmente para 60 especies de ictiofauna, 112 grupos de macroinvertebrados y 58 especies de perifiton.
La directora manifestó que la Corporación adelanta una nueva actualización técnica, a partir de los sobrevuelos realizados después de las recientes operaciones de desalojo, con el propósito de establecer si aumentó la extensión de las áreas afectadas y las coberturas naturales comprometidas.
Inversiones en el sur del Tolima
Durante su presentación, la directora general de Cortolima destacó que la entidad ha destinado más de $106.000 millones para el sur del departamento a través de proyectos ambientales orientados a la conservación, recuperación y protección de los ecosistemas estratégicos.




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