Procuraduría pide investigar a 13 exfuncionarios por crisis de la Nueva EPS: entre ellos está Guillermo Jaramillo
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La Procuraduría pidió investigar disciplinariamente a 13 exfuncionarios del Gobierno Petro por posibles faltas relacionadas con la crisis de la Nueva EPS, entre ellos el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio de la controversia.
La solicitud aparece en un informe del Ministerio Público que advierte un grave deterioro de la entidad después de casi dos años de intervención estatal, con problemas persistentes de atención y sostenibilidad financiera que enfrenta actualmente la entidad.
El documento, conocido por Noticias RCN, señala que la intervención no demuestra resultados suficientes frente a dos asuntos centrales: mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud y garantizar estabilidad financiera, según el contenido del informe.
Entre los funcionarios señalados aparecen siete exsuperintendentes y cinco interventores, mientras la Procuraduría plantea posibles responsabilidades por las decisiones adoptadas durante la intervención y por las labores de vigilancia sobre la entidad, en el marco de la medida.
El informe también pone bajo la lupa a la Superintendencia de Salud por la selección y vigilancia de los interventores, así como al Ministerio de Salud por su papel como rector del sistema durante el periodo bajo revisión.
Uno de los principales indicadores del deterioro está en las peticiones, quejas y reclamos. Las PQRS pasaron de 451.000 en 2023 a casi 935.000 en 2025, prácticamente duplicando su volumen frente a los resultados reportados.
La situación continuó durante 2026. En el primer trimestre se registraron 216.308 PQRS, de las cuales más de la mitad permanecían sin resolver, según las cifras recogidas por la Procuraduría.
El Ministerio Público advierte que este comportamiento afecta la función de las PQRS como mecanismo de acceso. Según el informe, ya no constituyen una vía eficaz para obtener los servicios de salud, ante la gravedad del escenario.
Los reclamos se concentran especialmente en medicamentos y consultas especializadas. En el primer trimestre de 2026 había 48.178 reclamos abiertos por falta de acceso a fármacos y 26.700 por citas especializados abiertos.
El frente judicial también refleja la presión sobre la entidad. Durante los primeros tres meses de 2026 se presentaron 40.668 tutelas contra la Nueva EPS, mientras 31.588 permanecían abiertas hasta ahora.
La Procuraduría contrasta ese resultado con el comportamiento registrado anteriormente. El promedio pasó de aproximadamente 5.000 tutelas en 2023 a casi 13.000 durante el primer trimestre del presente año, en comparación con años anteriores.
El deterioro no se limita a la atención. En materia financiera, el informe reporta un patrimonio negativo proyectado de $11,94 billones, una cifra que evidencia la profundidad del problema dentro del balance presentado.
A ese panorama se suma un rezago de 12,98 millones de facturas, cuyo valor supera los $13,5 billones. La situación financiera aparece así estrechamente ligada a las dificultades operativas, según el reporte del Ministerio Público.
El documento advierte que tanto las condiciones financieras como el acceso a los servicios de salud se han deteriorado seriamente desde la implementación de la medida de intervención estatal, en relación con el manejo institucional.
La Procuraduría señala posibles responsabilidades de los interventores, de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud, abriendo un escenario disciplinario alrededor de las decisiones tomadas durante los últimos años, durante el periodo bajo revisión.
La solicitud contra los 13 exfuncionarios coloca el manejo de la Nueva EPS bajo una revisión disciplinaria más amplia. El caso involucra a quienes tuvieron funciones de dirección, vigilancia o intervención durante los últimos años nacional.
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