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Petro nombró como notaria en Ibagué a la hermana del congresista que contrató a Gabriela Muñoz

hace 1 minuto
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La distribución de cargos y las conexiones laborales entre dos familias cercanas al petrismo quedaron nuevamente bajo la lupa.


Una investigación de la revista Cambio identificó una tercera pieza en el entramado que relaciona a la familia Hincapié, del Tolima, con Gabriela Muñoz y su madre, Liliana Olaya: la designación de Sandra Lucía Hincapié Galindo como notaria segunda de Ibagué mediante un decreto expedido por el Gobierno de Gustavo Petro.


El nombramiento se produjo el 2 de junio de 2026, cuando el Ejecutivo, a través del Decreto 0556, designó en interinidad a Sandra Lucía Hincapié en la Notaría Segunda del Círculo de Ibagué, Tolima.


El documento fue firmado por el entonces ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y autorizó su llegada al despacho notarial en reemplazo de César Augusto Alvarado Gaitán, quien dejó la titularidad por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.


La designación tiene una particularidad que explica el interés periodístico de la investigación: Sandra Lucía Hincapié es hija de Marco Emilio Hincapié Ramírez, quien fue director del partido Colombia Humana en el Tolima y presidió Coljuegos desde julio de 2023, y hermana de Marco Emilio Hincapié, actual representante a la Cámara por el Pacto Histórico.


Se trata de tres integrantes de una misma familia que llegaron a posiciones diferentes del Estado durante la administración anterior.


El padre estuvo al frente de Coljuegos, entidad industrial y comercial del Estado encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar; el hijo obtuvo una curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, y la hija recibió por decreto la designación provisional de una notaría en la capital tolimense.


Marco Emilio Hincapié Ramírez asumió la presidencia de Coljuegos el 12 de julio de 2023, luego de ser nombrado mediante el Decreto 1127 del 7 de julio de ese año.


Su trayectoria incluye más de tres décadas en el sector público, con pasos por la gerencia de la Lotería de Bogotá, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea del Tolima y la Alcaldía de Ibagué. También tuvo participación política en Colombia Humana y fue uno de los aliados del petrismo en el departamento.


Su hijo, Marco Emilio Hincapié, llegó posteriormente al Congreso. Fue elegido representante a la Cámara por el Tolima en las elecciones legislativas de marzo de 2026, con 27.889 votos, en la lista del Pacto Histórico.


Su periodo constitucional comenzó en julio de ese año. Pero la designación de Sandra Lucía no es un hecho aislado dentro de la cronología que reconstruyó Cambio. El decreto se expidió apenas siete semanas antes de que su hermano vinculara a Gabriela Muñoz a su equipo de trabajo en el Congreso.


El 20 de julio de 2026, el mismo día de la posesión del nuevo Legislativo, Muñoz ingresó a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante Hincapié. La relación entre ambas familias tiene otro componente.


Tres días antes de la llegada de Gabriela Muñoz al Congreso, el 17 de julio, su madre, Liliana de las Mercedes Olaya Cabrales, había salido de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde, según información revelada por El Tiempo y retomada por Cambio, se desempeñaba como coordinadora de contrainteligencia. Poco después, Olaya apareció vinculada a la oficina de Control Interno de Coljuegos.


La hoja de vida de la funcionaria quedó registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) como integrante de esa entidad estatal, que en ese momento estaba presidida por Marco Emilio Hincapié Ramírez.


La secuencia estableció así una conexión laboral entre las dos familias: Gabriela Muñoz llegó a trabajar directamente con el hijo del entonces presidente de Coljuegos, mientras su madre pasó a esa misma entidad, que estaba bajo la dirección del padre del congresista. La llegada de Gabriela Muñoz a la UTL ya había generado atención pública por su trayectoria en la Aeronáutica Civil y los cuestionamientos surgidos durante su paso por esa entidad.


Su vinculación al equipo legislativo de Hincapié fue revelada previamente por medios de comunicación, mientras que Cambio documentó el movimiento laboral de su madre hacia Coljuegos.


La nueva investigación agrega el nombramiento notarial de la hermana del representante, ocurrido semanas antes de esos dos movimientos.


Los 113 nombramientos notariales


La designación de Sandra Lucía Hincapié también se inscribe en el balance que Cambio realizó sobre la provisión de notarías durante los cuatro años del Gobierno Petro.


Según ese rastreo periodístico, la administración saliente realizó 113 designaciones notariales en el país. De ese universo, la revista identificó 37 personas con nexos políticos rastreables.


Los nombramientos se produjeron mediante decretos expedidos principalmente durante la última etapa del Gobierno.


En junio de 2026 hubo un paquete de designaciones firmado por Jorge Iván Cuervo y, en julio, otro con la firma de Cielo Rusinque, quien asumió como ministra de Justicia encargada después de la salida de Cuervo.


La investigación también puso el foco en el uso de la figura de interinidad para proveer estos despachos.


Aunque la ley establece que los nombramientos en propiedad deben realizarse mediante concursos de méritos, el artículo 2 de la Ley 588 de 2000 permite que, cuando existe una vacante y no hay una lista vigente de elegibles, el Gobierno designe provisionalmente a un notario mientras se adelanta el respectivo concurso.


La modalidad, por tanto, está contemplada en la legislación colombiana. De hecho, el Decreto 0556 de 2026 invocó esa normativa para justificar la designación de Sandra Lucía Hincapié en la Notaría Segunda de Ibagué.


En términos jurídicos, el parentesco con un congresista o con un funcionario del Ejecutivo no constituye, por sí solo, una inhabilidad para recibir una designación notarial en interinidad.


Sin embargo, la coincidencia de los nombramientos y las relaciones laborales entre integrantes de las familias Hincapié y Muñoz ponen sobre la mesa preguntas sobre los vínculos políticos que rodearon algunas decisiones administrativas durante el cierre del Gobierno Petro.


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