Pacientes Colombia denuncia al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante la Fiscalía
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La crisis en el sistema de salud colombiano ha escalado al terreno penal, Pacientes Colombia, una coalición que agrupa a 202 asociaciones de pacientes, junto con organizaciones civiles y ciudadanos, presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.
La acusación principal se centra en la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial, tipificado en el artículo 454 del Código Penal.
Según el documento, el ministro habría incumplido de manera “consciente, reiterada y material” las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.
Estas órdenes exigen garantizar la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos destinados a servicios no cubiertos por la UPC, elementos críticos para la sostenibilidad de la atención médica en el país.
Las omisiones señaladas
La denuncia sostiene que el Ministerio de Salud ha persistido en prácticas contrarias a lo ordenado por el alto tribunal, a pesar de advertencias explícitas en múltiples autos emitidos entre 2023 y 2025. Entre las faltas mencionadas destacan:
La falta de un acto administrativo que unifique los presupuestos máximos para toda la vigencia anual.
La realización de pagos tardíos e insuficientes a los actores del sistema.
El cálculo del valor de la UPC basado únicamente en la inflación, ignorando los estudios técnicos completos requeridos por la Corte.
Estas acciones, según los denunciantes, han puesto en riesgo la estabilidad del sistema y la garantía del derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
En el comunicado también cuestionan la validez de las mesas técnicas ordenadas por la Corte para revisar la suficiencia de la UPC.
Para Pacientes Colombia, estos espacios se convirtieron en un “mecanismo meramente formal” sin deliberación real. Denuncian que hubo restricciones de acceso a la información y que las decisiones ya estaban predeterminadas por el Ministerio, ignorando las aportaciones técnicas de gremios y pacientes.
“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país”, puntualiza el documento de denuncia.
La coalición sostiene que la conducta de Jaramillo constituye un patrón deliberado de elusión de decisiones judiciales vinculantes, utilizando actos que aparentan cumplimiento pero que resultan ineficaces en la práctica.
Por ello, solicitan a la Fiscalía investigar la responsabilidad penal individual del funcionario por estas conductas y otras que puedan determinarse durante el proceso.