Llueven críticas al presupuesto asignado por Petro a las regiones

El Presupuesto de Inversión de 2026, por $88,4 billones, fue presentado por el Gobierno como un triunfo de la planeación territorial. Sin embargo, tras su aprobación en segundo debate, la lluvia de críticas desde distintos sectores políticos y regionales evidencia que el consenso es, al menos, aparente y que detrás de las cifras y los discursos de equidad territorial, persisten dudas sobre la verdadera capacidad de ejecución del Estado en las regiones y sobre la forma en que se distribuyeron los recursos.

Tan pronto como se aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026, desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) insistieron en que el proceso de regionalización representa un avance histórico y según su directora, Natalia Irene Molina Posso, el presupuesto “es el resultado de un gran trabajo en equipo liderado por el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y otras entidades, enfocado en las mayorías históricamente excluidas”.

Para esta funcionaria, no hay que pasar por alto que el gasto 2026 tiene una orientación técnica, rigurosa y socialmente justa, que prioriza la inversión pública como motor de equidad y cohesión social y resaltaron que el dinero debe transformar los territorios, en un trabajo mancomunado con el Gobierno Nacional, que refuerce su autonomía.

“Las cifras lo respaldan en el papel. De los $88,4 billones de inversión, el 74% fue regionalizado, es decir, identificado por departamento, mientras que un 24,4% se mantiene como proyectos de impacto nacional y un 1,6% aún por asignar. Todo esto con el objetivo de visibilizar cómo los programas nacionales benefician directamente a los departamentos, fortaleciendo la planeación descentralizada”, indicaron.

Una distribución centralizada

Al revisar el desglose de cómo se repartirá esta plata el otro año, hay que decir que en ese esquema, los departamentos con mayor participación son Bogotá, con $8,7 billones; Antioquia, con $6,8 billones; Valle del Cauca, con $4,2 billones; Bolívar, con $3,2 billones; y Cundinamarca, con $3,1 billones. Estas cinco regiones concentran un tercio de la inversión territorial total.

En contraste, los departamentos amazónicos como Vaupés, Guainía, Vichada y Amazonas apenas alcanzan una participación conjunta cercana al 1,5%, lo que refleja que las brechas geográficas siguen siendo amplias pese al esfuerzo por redistribuir los recursos; destacando que a las zonas más apartadas se les girarán más recursos.

“Con este presupuesto se fortalecerá la inversión en sectores estratégicos que impulsarán el desarrollo regional, la generación de empleo y la transformación productiva. Entre los sectores con mayores recursos está Transporte, con $15,6 billones destinados a mejorar las vías secundarias y terciarias, construir y modernizar aeropuertos, terminales fluviales y avanzar en el transporte férreo”, señalaron.

En este monto también se destinarán más de $3,2 billones al sector Agricultura, para fortalecer la producción en el campo, mejorar el acceso a tierras y garantizar financiamiento para pequeños y medianos productores, y $32,2 billones se enfocarán en educación, salud, vivienda e inclusión social.

Además, se proyectan $10,1 billones para Minas y Energía y $1 billón para Ambiente, con el propósito de impulsar la transición energética justa y la recuperación de ecosistemas estratégicos como la Amazonía.

No convencieron del todo

Aunque desde el gobierno Petro señalan que este presupuesto es un gran avance, la lectura en el Congreso y en los territorios es mucho menos optimista, dado que las bancadas opositoras y algunos congresistas de la coalición advirtieron que el presupuesto, lejos de descentralizar, recentraliza el gasto al aumentar la proporción de recursos etiquetados como “nacionales”, cuya ejecución depende directamente de los ministerios y no de los gobiernos locales.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, fue uno de los primeros en alzar la voz y denunció que Antioquia sufrió un recorte de $182 mil millones frente a la versión inicial, mientras que el rubro de la Nación creció en $3,6 billones, por lo que “no se entiende que congresistas oriundos de los departamentos más afectados lo hayan acompañado con su voto. Este texto reduce recursos para vivienda y agricultura, y elimina apartados clave como la distribución per cápita por departamento”.

A las críticas de Motoa se sumó el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien afirmó que el proyecto “le da la espalda a las regiones” y refleja la crisis financiera del Gobierno Nacional; argumentando que “después de tres años y dos meses, siguen culpando al pasado para justificar su falta de resultados. Se suponía que este era el Gobierno del cambio, pero nada cambió”.

Desde el sur del país, la inconformidad también se sintió con fuerza. El representante Juan Daniel Peñuela, de Nariño, calificó como “alarmantes” los recortes al presupuesto de su departamento, principalmente por la caída del 54% en agricultura y ambiente, del 77% en deporte, del 19% en educación y del 57% en vivienda.

Ante esto, dejó claro que “sin una explicación clara, es imposible votar a favor de este presupuesto. Nariño y todas las regiones merecen respeto, no recortes agresivos en sectores fundamentales”.

Por su parte, la representante Juliana Aray, del Partido Conservador, hizo una lectura más matizada y aunque reconoció que Bolívar aparece como el cuarto departamento con mayor inversión nacional, con $3,28 billones asignados, advirtió que la baja ejecución ministerial podría dejar en el aire los proyectos.

“Una cosa es anunciar recursos y otra muy distinta ejecutarlos. Los ministerios no están cumpliendo con la eficiencia que las regiones necesitan”, afirmó la congresista, quien señaló que parte de los recursos dependen de fuentes fiscales condicionadas a reformas aún no aprobadas, lo que genera incertidumbre sobre su desembolso real.

De esta forma, el reclamo se repite en varias voces; apuntando a que las cifras de asignación no se traducen automáticamente en desarrollo, ya que las regiones denuncian que los proyectos estratégicos se anuncian sin respaldo presupuestal firme, y que los ministerios concentran la ejecución, debilitando la autonomía territorial.

Así las cosas, la diferencia entre el presupuesto “regionalizado” y el presupuesto “ejecutado” se convierte así en la principal fuente de desconfianza; dado que detrás de ese diagnóstico se encuentra uno de los mayores desafíos de la política fiscal colombiana y es la capacidad institucional para ejecutar recursos en los territorios, ya que de poco sirve asignar grandes cifras si los procesos de contratación, los cuellos de botella administrativos y la falta de cofinanciación local terminan por frenar la obra pública.

portafolio.co