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La extrema medida que implementa Singapur para combatir el bullying escolar

  • hace 20 horas
  • 3 Min. de lectura

El gobierno de Singapur anunció una modificación en su política disciplinaria escolar que permitirá a docentes aplicar castigos físicos a estudiantes varones desde los nueve años a partir de 2027.


La decisión fue expuesta por el Ministerio de Educación como parte de una estrategia para reforzar la disciplina en las instituciones educativas mediante consecuencias definidas como “firmes y significativas”. El plan ha generado debate internacional sobre el impacto del castigo corporal en menores y sus posibles efectos en la salud mental y el desarrollo infantil.


Según cifras divulgadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en agosto de 2025, entre el 25% y el 50% de los niños en el mundo han experimentado castigos corporales dentro de entornos educativos. La organización sostiene que “las consecuencias del castigo corporal a la infancia pueden durar toda la vida y socavar la salud física y mental, la educación, así como el funcionamiento social y laboral”.


La OMS también indicó que existe “evidencia científica abrumadora” sobre los riesgos asociados a este tipo de prácticas y señaló que no reconoce beneficios para menores, familias ni sociedades.


Aplicación limitada y bajo autorización de directivos

El ministro de Educación, Desmond Lee, explicó ante el Parlamento que el castigo físico solo podrá utilizarse cuando otras medidas disciplinarias hayan resultado “insuficientes”. Según el funcionario, las instituciones deberán evaluar la gravedad de la conducta, el nivel de madurez del estudiante y el posible efecto pedagógico antes de autorizar la sanción.


Lee afirmó ante los legisladores, según informó CNN, que el procedimiento está sujeto a “estrictos protocolos para garantizar la seguridad del estudiante”. De acuerdo con la normativa, únicamente los directores podrán aprobar la medida y su ejecución quedará en manos de personal autorizado.


La regulación publicada por el Ministerio de Educación establece las siguientes condiciones:

1. El castigo físico solo podrá aplicarse a estudiantes varones.

2. La medida se permitirá únicamente frente a faltas consideradas graves.

3. El uso del azote deberá implementarse como último recurso disciplinario.

El documento oficial señala: “El castigo físico es una opción disciplinaria solo para niños y se emplea como recurso final, estrictamente cuando sea absolutamente necesario”.


Según CNN, Lee sostuvo que investigaciones analizadas por el gobierno indican que los jóvenes toman mejores decisiones cuando existen límites definidos y consecuencias concretas. El ministro afirmó que la política busca reducir episodios de intimidación dentro de las escuelas.


Antecedentes de sanciones severas en Singapur

El sistema legal singapurense ha registrado otros casos de alto impacto internacional relacionados con castigos físicos y sanciones estrictas. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en 1993 con el ciudadano estadounidense Michael Fay, quien fue condenado a cuatro meses de prisión y seis azotes tras ser hallado culpable de vandalismo y robo.


La intervención del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, redujo la condena a cuatro azotes. El caso provocó tensiones diplomáticas entre ambos países, mientras las autoridades de Singapur defendieron la aplicación de sus leyes pese a las presiones internacionales.


Más recientemente, a finales de abril, un adolescente francés fue procesado por dos delitos que podrían derivar en una pena de hasta dos años de prisión después de lamer una pajilla en una máquina dispensadora de jugo y devolverla al equipo.


Ese caso se sumó a otros incidentes relacionados con menores y jóvenes procesados por infracciones menores dentro del sistema judicial singapurense, lo que ha sido interpretado como una muestra de la continuidad de las políticas disciplinarias estrictas en el país.


Aunque varios países han eliminado progresivamente el castigo físico escolar, Singapur mantiene este tipo de medidas junto con algunas naciones de Asia y África. Organismos internacionales continúan solicitando su eliminación, argumentando que no existen beneficios comprobados para el desarrollo juvenil ni para la convivencia social.

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