La Corte Suprema le ordenó al Inpec vigilar al senador Miguel Ángel Barreto, en medio del caso 'Marionetas 2'
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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso medidas no privativas de la libertad —o sea, que no implican detención preventiva en cárcel ni en residencia — al senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, en medio de una investigación por los delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos.
Barreto tendrá que someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) implementará. Además, debe pagar una caución —una especie de garantía monetaria de cumplimiento de las órdenes judiciales—de cuarenta millones de pesos, y no podrá tener contacto con testigos del caso 'Marionetas 2'.
El magistrado Marco Antonio Rueda investiga al congresista. Lo citó a una indagatoria en noviembre de 2025, pero su defensa solicitó un aplazamiento, así que el togado lo reprogramó para enero de 2026. La Sala de Instrucción abrió el proceso contra Barreto en julio del año pasado por su presunta participación en 'las Marionetas 2', una extensión del entramado de corrupción y desvío de contratos que lideró el fallecido exsenador liberal Mario Castaño.
Castaño reconoció ante la Corte Suprema haber sido líder de una red criminal que acordó, entre 2020 y 2022, desviar contratos de obras públicas para sacar coimas. Falleció en noviembre de 2023 por un infarto agudo de miocardio, mientras pagaba su condena.
La investigación apunta al direccionamiento de contratos del DPS
El modus operandi de Castaño, al parecer, se replicó en el Departamento de Prosperidad Social (DPS). La Sala de Instrucción investiga el direccionamiento indebido de contratos en la entidad a cambio de coimas o apoyo electoral.
Los expedientes han tenido avances y estanques. En diciembre de 2023 la Corte ordenó capturar al exsenador uribista Ciro Ramírez, del Centro Democrático, como sospechoso de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
Según la Sala de Instrucción, Ramírez aprovechó su cargo para torcer trece contratos de obras en Quindío y Tolima, beneficiándose con coimas. El contratista Anderson González y la exasesora de Ramírez Katherine Rivera están en juicio por el mismo caso. Ramírez permaneció en la cárcel La Picota un año y cuatro meses.
Ciro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y más congresistas involucrados en 'las Marionetas 2'
La Corte Suprema ordenó su libertad en mayo de 2025, considerando que había recopilado todas las pruebas en su contra. Ramírez logró conservar su escaño en el Senado, y la Sala de Primera Instancia —que eventualmente tramitará el juicio contra Miguel Ángel Barreto, si la de Instrucción lo acusa— lo condenó a más de veintitrés años de prisión en marzo de 2026.
La Fiscalía ha acusado a cinco implicados, incluyendo a Anderson González y Katherine Rivera. Uno de ellos es Andrés José Ospina Rosales, quien presuntamente concertó con el senador Miguel Barreto y el exdirector del DPS Pierre García la adjudicación de varios contratos.
Ser el aparente beneficiario de la gestión de Barreto en los convenios provocó que la Fiscalía compulsara copias para que la Corte Suprema investigue al congresista conservador, quien además enfrenta desde 2022 un juicio por falsedad en documento público y fraude procesal.
La Sala de Instrucción indaga "presuntas irregularidades" en Prosperidad Social y en la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial, Proyecta. En ambas entidades "se habrían realizado maniobras para direccionar contratos para favorecer a integrantes del Congreso, entre ellos el senador Barreto".
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