Incremento del salario mínimo en Colombia dispara alertas económicas de gremios y economistas
- 30 dic 2025
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El salario mínimo en Colombia para 2026 se fijará en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, tras un aumento del 23,7 % anunciado por el presidente Gustavo Petro.
La medida, adoptada por decreto ante la imposibilidad de concertación entre empresarios y sindicatos, beneficiará directamente a 2,4 millones de trabajadores. Expertos y gremios advierten sobre los riesgos económicos. Señalan que el incremento presionará la inflación, encarecerá bienes y servicios y afectará el empleo formal e informal. Para micro, pequeñas y medianas empresas, las cargas operativas podrían volverse insostenibles.
Asocapitales y Anato alertan sobre el impacto en transporte urbano y el turismo. El aumento salarial podría traducirse en incrementos promedio de $200 en pasajes, debido a la intensidad de mano de obra en estos servicios.
El Consejo Gremial Nacional, AmCham y ACOPI cuestionan que el aumento carezca de sustento técnico, señalando que ignora la productividad y la inflación. Advierten que la decisión podría conducir a mayor informalidad, rigidez laboral y presión sobre las finanzas públicas.
ACOPI señala que la medida prioriza un concepto ideológico de “salario vital” sobre criterios técnicos y la concertación legal, lo que amenaza la sostenibilidad de las empresas y del empleo formal. La asociación advierte que los ajustes salariales no pueden construirse a costa del debilitamiento del aparato productivo.
Jorge Iván Díez, presidente de la CGT Democrática, asegura que la medida afecta a 13,5 millones de trabajadores informales, amplía la brecha para pensionados y encarece el costo de vida. Señala que solo una minoría de trabajadores formales se beneficiará, mientras que la inflación impactará a todos los colombianos.
AmCham Colombia cuestiona que el incremento supera ampliamente el crecimiento de la productividad y de la inflación, y que la decisión modifica la forma legal de definir el salario, usando el concepto de “ingreso vital” sin procesos de concertación.
El aumento, que entrará en vigor en enero de 2026, pero la aparente falta de criterios técnicos claros genera incertidumbre sobre la capacidad de las empresas para absorber los costos y la capacidad del Estado para mantener la estabilidad económica, indicaron los gremios.
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