Gobierno lanza estrategia para reducir la deserción en educación superior

Con el objetivo de enfrentar uno de los principales desafíos de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional anunció el lanzamiento de la convocatoria "Estrategias para promover la permanencia en educación superior", dirigida a las 67 instituciones públicas del país.

La iniciativa busca frenar la deserción estudiantil mediante la financiación de proyectos innovadores, cubriendo hasta el 70% de su valor.

"Esta convocatoria marca un antes y un después en la política educativa del país, porque no basta con garantizar el acceso: es necesario asegurar que los y las estudiantes permanezcan y se gradúen", señaló el Ministerio en el comunicado oficial.

Las cifras revelan la urgencia de esta intervención. Según el Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior (SPADIES), la tasa de deserción acumulada en programas universitarios al cabo de 10 semestres es del 25%.

En programas técnicos y tecnológicos, la situación es aún más crítica, con una deserción cercana al 35%. Aunque en los últimos años estas cifras han mostrado una leve tendencia a la baja, con tasas anuales del 8,08% en nivel universitario, 12,94% en tecnológico y 16,27% en técnico profesional hasta 2022, el reto estructural persiste.

Las causas de la deserción son múltiples, pero los factores socioeconómicos y académicos sobresalen. "Las condiciones de origen de los y las estudiantes tienen un peso determinante en su permanencia en el sistema educativo", advierte el Ministerio. SPADIES ha documentado que quienes obtienen puntajes más bajos en las pruebas Saber 11 enfrentan mayor riesgo de abandono, al igual que aquellos provenientes de familias con menores ingresos.

Con base en este diagnóstico, la convocatoria propone cuatro categorías estratégicas de intervención: bienestar y salud mental; prevención de violencias y discriminación; nivelación académica y acompañamiento estudiantil; e inclusión y accesibilidad. Se busca que las instituciones presenten propuestas que fortalezcan estas áreas, abordando integralmente los factores que afectan la continuidad de los estudios.

“Queremos que cada universidad pueda desarrollar acciones contextualizadas, que respondan a las necesidades reales de sus estudiantes y sus territorios”, enfatizó el Ministerio. Entre las acciones posibles están el diseño de políticas de salud mental, la implementación de rutas contra las violencias basadas en género, programas de nivelación académica y adecuaciones para estudiantes de zonas rurales.

Esta estrategia se suma a otras acciones ya en marcha, como la Política de Gratuidad "Puedo Estudiar", que en 2023 destinó $1,8 billones para beneficiar a 772.000 estudiantes, y que en 2024 aumentó a $2,3 billones, alcanzando a más de 846.000 jóvenes en 64 instituciones públicas. A esto se suma el fortalecimiento financiero de las universidades, con aumentos presupuestales por encima del IPC (7 puntos en 2023 y 9 en 2024) y una inversión anual de $300.000 millones en planes de fomento a la calidad.

“La permanencia y la graduación son condiciones indispensables para garantizar el derecho a la educación en condiciones de dignidad”, concluye el Ministerio.

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