Entidades financieras no podrán negar los servicios a personas con antecedentes
- 3 sept 2025
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La entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, como bancos, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, compañías de seguros, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, comisionistas de bolsa, entre otras, deben abstenerse de restringir el acceso de los consumidores a la prestación de productos y servicios financieros.
Según la entidad, después de un pedido de la Corte Constitucional en la Sentencia T-113 del 28 de marzo de 2025, en la que se pronunció se pronunció sobre la aplicación de políticas en materia de Sarlaft (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) expidió la Circular Externa 10 del 28 de agosto.
La Superfinanciera determinó que las entidades no pueden aplicar restricciones automáticas para el acceso de los consumidores financieros a la prestación de productos y servicios, “con base exclusivamente en la existencia de antecedentes penales o investigaciones penales en curso, sin haber realizado un análisis individualizado de su perfil de riesgo de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)”.
De todas maneras, advierte que deben identificar el perfil de riesgo individualizado de LA/FT del consumidor financiero, así como el nivel de exposición de riesgo que este representa para la entidad.
“Para el efecto, las entidades pueden evaluar la naturaleza del tipo penal o antecedente penal, su antigüedad, su relación con el producto o servicio a contratar, la actividad económica, así como cualquier otro factor que les permita determinar el nivel de exposición de riesgo y cuando la entidad lo estime necesario, podrá solicitar información adicional para determinar el perfil de riesgo”.
Así, las entidades vigiladas deben aplicar las medidas que les permitan gestionar el riesgo sin derivar en exclusiones automáticas o desproporcionadas.
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