El costo de la paz total: extorsiones aumentaron 337%, las amenazas 70% y el reclutamiento de menores 168%
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Los ceses al fuego con grupos armados fueron uno de los principales ejes de la política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro. La estrategia buscaba reducir la confrontación armada y crear condiciones para avanzar en negociaciones con organizaciones ilegales. Sin embargo, una investigación de la Universidad de los Andes concluyó que, en varios territorios, la medida coincidió con un aumento de formas de violencia menos visibles contra la población civil, como la extorsión, las amenazas y el reclutamiento forzado de menores, lo que pone en cuestión una vez más los resultados que dejó esa política en las zonas analizadas.
El estudio, titulado “¿Paz Total? Cómo los ceses al fuego pueden resultar contraproducentes” y divulgado por El Tiempo, fue elaborado por los economistas Daniel Mejía, Juan Fernando Vargas y Andrés Rivera, quienes analizaron el comportamiento de distintos indicadores de violencia antes y después de los ceses al fuego implementados entre 2022 y 2023.
Los resultados muestran que, en las zonas con presencia de grupos armados cobijados por esas medidas, la extorsión aumentó 337%, las amenazas contra la población civil crecieron 70%, el reclutamiento forzado de menores se incrementó 168% y los indicadores de gobernanza criminal aumentaron 32%, especialmente en municipios con presencia de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
De acuerdo con los investigadores, las organizaciones armadas fortalecieron mecanismos de control territorial sobre comunidades, rutas, economías ilegales y zonas donde ya tenían influencia: “Los grupos explotaron el cese al fuego para consolidar el control territorial mediante formas menos visibles de coerción”.
No obstante, los investigadores aclaran que las operaciones dirigidas contra economías ilícitas, como el narcotráfico o la minería ilegal, no presentaron cambios estadísticamente significativos durante el periodo analizado.
La investigación también encontró que, tras la entrada en vigor de los ceses al fuego, los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados disminuyeron 73%, mientras que las bajas en combate de integrantes de esas organizaciones se redujeron 46%. Para los autores, estos resultados reflejan una menor presión estatal sobre estructuras cuya principal fuente de ingresos proviene de economías ilegales.
De acuerdo con los hallazgos coinciden con otras alertas de los últimos meses. La Contraloría General de la República informó recientemente que la presencia de actores armados ilegales pasó de 195 municipios en 2019 a 518 municipios en 2025, un incremento superior al 165%, lo que refleja la expansión territorial de estas estructuras.
A partir de estos hallazgos, los autores sostienen que las negociaciones con organizaciones cuyo principal objetivo es obtener rentas ilegales, plantean desafíos distintos a los procesos de paz con grupos insurgentes de carácter político. Según el documento, cuando disminuye la presión militar sobre estructuras dedicadas principalmente a actividades criminales, estas pueden aprovechar ese escenario para fortalecer su control territorial y aumentar sus ingresos ilícitos, tal cual como se evidencio en las cifras.
Tal cual lo ha documentado EL COLOMBIANO el crecimiento de la capacidad militar y territorial del Clan del Golfo, organización que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ha pasado de aproximadamente 4.500 integrantes en 2022 a cerca de 10.000 en la actualidad, lo que representa un aumento cercano al 100%.
La expansión también se reflejó en su presencia territorial. Mientras en 2022 tenía influencia en 165 municipios, para 2025 esa cifra ascendía a 338, con redes activas en 23 departamentos del país. Este crecimiento ha llevado a que el Clan del Golfo sea considerado actualmente la organización criminal más grande de Colombia.
Por esto, la investigación concluye que la arquitectura de los ceses al fuego de la “Paz Total” presentó debilidades por la ausencia de mecanismos independientes de monitoreo y verificación.
Como recomendación, los investigadores plantean que cualquier futuro cese al fuego incorpore sistemas independientes de monitoreo. De acuerdo con las estimaciones realizadas en el estudio, aumentar en un 50% la capacidad para detectar delitos como la extorsión, las amenazas y el reclutamiento de menores permitiría neutralizar los efectos negativos observados y acercar los niveles de violencia a los registrados antes de la implementación de la medida.
El estudio señala que los procesos de negociación con grupos armados requieren no solo voluntad política, sino también mecanismos de supervisión efectivos que permitan proteger a la población civil mientras avanzan los diálogos.
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