Dos militares fueron quemados durante operativo contra laboratorio de coca

En medio de una operación militar en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo), un oficial y un soldado profesional del Ejército resultaron heridos con quemaduras luego de un enfrentamiento con la comunidad. El hecho se registró en la tarde de este miércoles durante la destrucción de un laboratorio de procesamiento de pasta base de coca.

Según la información preliminar del Ejército Nacional, los militares fueron rociados con gasolina y quemados por una turba, en hechos que hoy son catalogados como uno de los episodios más graves de este tipo en lo corrido del año.

El operativo estaba a cargo de la Brigada de Selva 27 y el Batallón de Infantería de Selva 25, que habían identificado un complejo ilegal de procesamiento de pasta base de coca. Tras la destrucción de las instalaciones, un grupo de civiles se reunió en el área y desató una asonada contra los uniformados. En medio del ataque, el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez y el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya fueron alcanzados por las llamas.

De acuerdo con reportes internos, los militares heridos fueron atendidos inicialmente en el lugar y luego evacuados en helicóptero a Florencia (Caquetá). Según el parte médico preliminar, ambos permanecen estables, pero su condición requiere un traslado a Bogotá para recibir atención especializada en un centro de mayor complejidad.

Grupos armados ilegales detrás del ataque

El alto mando militar aseguró que los hechos no se explican solo por la reacción espontánea de la comunidad. Según las comunicaciones radiales, la tropa fue víctima de una maniobra instigada por los Comandos de Frontera, grupo criminal que controla el narcotráfico en esta zona de Putumayo y que habría obligado a los pobladores a enfrentarse con los soldados.

El Comando del Ejército insistió en que se trató de una agresión directa a uniformados que adelantaban labores de interdicción contra el narcotráfico y anunció la recolección de pruebas para presentar denuncias formales por violaciones a los derechos humanos de sus hombres.

Escalada que preocupa: 30 asonadas en ocho meses

Este episodio no es aislado. De hecho, se suma a una larga lista de agresiones contra la Fuerza Pública registradas en lo corrido del año. Según cifras conocidas por EL TIEMPO, en lo que va de 2025 ya se han presentado más de 30 asonadas en distintas regiones del país, cinco de ellas con secuestro de militares.

El caso más reciente antes del de Putumayo se vivió en El Retorno, Guaviare, donde 33 soldados estuvieron retenidos durante 79 horas. Allí, alias Jimmy, cabecilla del Frente 44 de las disidencias de Iván Mordisco, movilizó a más de 500 personas para presionar la liberación de un cabecilla muerto en combate, alias Dumar.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, dijo a este diario que estos ataques obedecen a un patrón: “Hemos identificado que el Eln, las disidencias de Mordisco, de Calarcá y de la Segunda Marquetalia están detrás de estas acciones. La misma población nos dice: ‘estamos acá obligados, no queremos más guerrilla’”.

En 2024, entre enero y agosto, se reportaron 22 asonadas. Hoy, a falta de cuatro meses para cerrar el año, la cifra ya supera las 30, lo que confirma una tendencia en ascenso y evidencia el grado de constreñimiento de los grupos armados sobre las comunidades.

Los registros oficiales muestran que estos episodios se concentran en Nariño, Cauca, Meta, Putumayo, Caquetá, Huila, Valle del Cauca y Guaviare, departamentos con fuerte presencia de estructuras dedicadas al narcotráfico. En la mayoría de los casos, las asonadas ocurren justo después de la destrucción de laboratorios de coca o la incautación de insumos, cuando las comunidades, bajo presión armada, son movilizadas para enfrentar a los militares.

De hecho, en varias de estas acciones se ha documentado la quema de vehículos, el secuestro de soldados, agresiones físicas y, como en el caso de Putumayo, ataques con fuego. “Estamos frente a una modalidad de resistencia criminal donde la población civil se convierte en el escudo de los grupos armados”, explicó un oficial consultado.

El balance de enero a agosto muestra cómo la violencia ha escalado progresivamente: en enero se presentaron seis asonadas en Nariño; en marzo se concentraron varios hechos en Argelia, Cauca; en mayo y junio, los ataques se extendieron por el Meta y Caquetá; y en agosto se confirmaron al menos tres episodios, el último en Putumayo.

eltiempo.com