Taxistas piden controles por aumento de plataformas ilegales en Ibagué


El gremio de taxistas de Ibagué, Tolima, pidió a las autoridades mayores controles, seguimientos y sanciones a diversas plataformas o aplicaciones que acuden a vehículos de servicio particular para prestar servicio público de transporte con tarifas reducidas generando competencia desleal.


José Adenis Ramírez, cabeza de una organización de taxistas, afirmó que son al menos 12 aplicaciones que prestan servicio ilegal “pues utilizan carros particulares en el servicio público de pasajeros”.


“Las aplicaciones tienen unos 2.500 vehículos particulares prestando servicio público en la ciudad lo cual es prohibido pero, además, lo hacen mediante competencia desleal con tarifas económicas”, afirmó el taxista.


En la mira de los taxistas está principalmente una aplicación de nombre Maxim, ubicada en la carrera Sexta con calle 36 de Ibagué, que afilia gratuitamente vehículos particulares “y cuando el ciudadano llama le dicen que envían un taxi pero les llega un vehículo particular sin seguros, sin nada”.


A una sola voz numerosos conductores pidieron “el cierre de la plataforma Maxim pues no tiene permisos del gobierno para prestar el servicio público de pasajeros”.


Los taxistas también se quejaron porque, según ellos, esa plataforma “tiene unas 30 personas haciendo publicidad voz a voz, con pendones y hasta afiches pegados en postes y paredes sin ningún tipo de control”.


“La ilegalidad le quita el trabajo a las empresas de taxis que son las legalmente constituidas”, dijo Ramírez y agregó que la afectación económica diaria es alta.


Otros taxistas señalaron que el problema afecta a los propietarios y conductores asalariados que devengan su sustento de este oficio en una ciudad con 3.100 taxis agrupados en unas 12 empresas.


“Al propietario le entregamos 80.000 pesos diarios y a uno le quedan 30.000 si el día ha sido bueno”, dijeron conductores consultados.


En busca de salidas a esta problemática, representantes de taxistas se reunieron con funcionarios de las secretarías de Tránsito y Gobierno para exigir “mayores compromisos en el control a los ilegales”.


“El gobierno municipal se comprometió a revisar cómo operan esas empresas y si tienen permisos para trabajar”, dijeron.

ELTIEMPO.COM

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