La EPS Sanitas fue intervenida el pasado martes por la Superintendencia de Salud, esto después de que la entidad de vigilancia evidenciara "el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5.7 millones de afiliados".
“La información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y concretamente de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”, se señaló en la resolución mediante la cual el superintendente Luis Carlos Leal ordenó la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS por el término de un año.
Según la Supersalud, hubo incumplimientos en indicadores como patrimonio adecuado y régimen de intervenciones de reserva técnica. Además, Sanitas también habría fallado en la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud.
“Se constató, asimismo, una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321,25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional”, agrega la entidad.
EPS en situaciones similares
No obstante, Sanitas no es la única que incumple en dichos indicadores. Esto, si se tiene en cuenta que las EPS viven desde hace varios meses una crisis de financiamiento que han venido denunciando mediante organizaciones como Acemi o Gestarsalud.
Y es que las entidades de salud, han insistido en que la unidad de pago por capitación (UPC), que es los que recibe la empresa por cada afiliado, es demasiado baja y que aún se adeudan pagos de presupuestos máximos, que no se habrían girado en los tiempos correspondientes, lo que tiene al sector financieramente contra las cuerdas.
En cuanto al indicador de las reservas técnicas, un informe de la Contraloría, con datos a octubre de 2023, muestra que para 21 EPS se observa que del pasivo de reservas técnicas de 13.7 billones de pesos, solo están respaldados 1,3 billones en inversiones (bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros), evidenciando un faltante de 12,4 billones de pesos, lo que constituye un incumplimiento al Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas que exige la inversión de la totalidad de los recursos, según se establece en el Decreto 780 de 2016.
Solo cinco EPS cumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas (Salud Total, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud). Bajo este sentido, 21 EPS, equivalentes al 80,7 % del sistema, no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, lo que demuestra una grave falta contra la norma y un riesgo para el sistema por cuanto, al no construir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud.
En cuanto a las deudas de la EPS, el mismo informe de la Contraloría muestre que de la cartera de las 26 EPS se puede deducir que 15 de ellas no cumplen los indicadores de liquidez ni de solvencia.
Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá, fue uno de los primeros en advertir que el Gobierno se preparaba para intervenir a Sanitas. Ahora menciona que podrían darse más intervenciones y sumarse liquidaciones de otras EPS durante los próximos días.
“Se rumora que la Supersalud también tiene intención de intervenir Capital Salud y que eso podría suceder hoy. Además, pretendería liquidar en las próximas semanas Asmet y Savia. Gustavo Petro adelanta de facto su reforma y los pacientes pagarán las consecuencias de su dogmatismo”, señaló Forero.
Cabe señalar que este miércoles, el Gobierno anunció una nueva intervención, esta vez, a la Nueva EPS que, con cerca de 10 millones de usuarios, es la entidad de salud con más afiliados a nivel nacional.
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