La Procuraduría ofició al director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué Picaleña (COIBA), para que, de manera urgente por razones humanitarias, adelante las actuaciones pertinentes para superar la crítica condición de salubridad en que viven las 4.703 personas privadas de la libertad en este centro carcelario.
La petición también se hizo a los directores generales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), así como a la directora de la Regional Viejo Caldas del INPEC.
En su comunicación, el Ministerio Público dio a conocer la problemática sanitaria expuesta por los representantes de derechos humanos, quienes manifestaron que gran parte de las baterías sanitarias se encuentran dañadas y, por ello, se ven en la obligados a realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas, baldes y otros sitios que no corresponden.
Asimismo, refirió que existe un pabellón donde conviven 293 internos, que cuenta solo con dos sanitarios y dos orinales que funcionan a media marcha. Esto sumado a los continuos problemas de bombeo de agua y racionamiento que también afectan al pabellón de mujeres, donde desde hace más de un año no tienen agua corriente para suplir sus necesidades básicas.
Respecto a los adultos mayores, los denunciantes indicaron que quienes padecen patologías de origen gastrointestinal deben permanecer hasta un día completo sin cambiar sus bolsas de colostomía, pañales y, muchas veces, la ropa.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué sostuvo en su escrito que, como consecuencia de la situación advertida en visita del 29 de agosto de 2022 a ese complejo carcelario, y de lo denunciado por los voceros, además requirió al INPEC y a la USPEC realizar una inspección a este sitio de reclusión para identificar, cuantificar y priorizar la atención de los daños que presenta en materia de acueducto y alcantarillado.
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