Preocupación en Rovira por reubicación de víctimas de desplazamiento forzado

La posible adjudicación de tierras en el municipio de Rovira a comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado, sin previa concertación con las autoridades locales, generó preocupación en el Tolima y motivó la convocatoria de una sesión extraordinaria del Comité Departamental de Justicia Transicional.

Durante la sesión, se analizó la Sentencia 0171 de 2025, que ampara la reubicación de estas comunidades, y se hizo un llamado urgente al gobierno nacional para garantizar que estos procesos se desarrollen bajo condiciones de seguridad y dignidad.

El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez Guzmán, cuestionó la ausencia del Director Nacional de Tierras en la sesión y manifestó su inconformidad: “El gobierno nacional sigue desconectado del territorio. No están dadas las garantías de seguridad ni para una reubicación digna. Ya lo vivimos en municipios como Honda y Suárez. Hay un total desinterés por los derechos humanos de estas personas”.

Por su parte, el alcalde de Rovira, Víctor Alfonso Gualtero, expresó su inquietud por la falta de información oficial sobre los predios asignados. “No se nos ha notificado directamente a la administración municipal cuál es el predio, en qué vereda. No podemos estigmatizar ni rechazar a las víctimas, pero nos preocupa que llegan en medio de una sentencia por problemas de orden público, y tenemos reportes de presencia de grupos armados ilegales en la zona rural”.

Ana María Enciso, delegada de la Defensoría del Pueblo, reiteró el compromiso de la entidad con el acompañamiento a las víctimas en los procesos de reubicación. “La Defensoría garantiza tratamiento humanitario a estos casos de reubicación, provisionales o permanentes, conforme a la Ley de Víctimas y sus protocolos. Nuestro respaldo es total”.

Las autoridades departamentales insistieron en la necesidad urgente de articulación y comunicación efectiva con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para asegurar que las familias reubicadas tengan acceso a condiciones mínimas de vida, evitando repetir experiencias fallidas en otros municipios del departamento.