Conscientes de la realidad de caja con la que empezaron el año, en el Gobierno Nacional están adoptando medidas urgentes para reducir el gasto y aliviar las presiones fiscales que tienen en jaque la estabilidad e imagen de riesgo ante la banca local e internacional, dado que para cumplir con todo lo que se prometió, no habría de otra que abusar de la deuda.
Prueba de esto es que desde el pasado lunes -13 de enero- se viene realizando un cónclave, liderado por el presidente Gustavo Petro, en el cual se está trazando la hoja de ruta para lo que será el tercer año de su administración, definiendo inicialmente cuáles serán los ministros y directores que darán un paso al costado para aspirar al Senado o la Presidencia de la República en 2026.
No obstante, otro de los puntos importantes de la agenda es el apretón del cinturón que debe hacer la Nación este año, tras impasses como la caída de la ley de financiamiento, el no cumplimiento de las proyecciones de recaudo en 2024 y los impactos de la desaceleración en la dinámica tributaria.
En medio de la realización de esta “Reunión de Planeación Estratégica”, tal y como la calificado el Gobierno, se conoció un borrador de decreto con al menos 28 puntos en los que se harían cambios importantes para garantizar que haya la austeridad que exige la crisis de caja que vive el país desde el año pasado.
Modificar la planta de personal, controlar las horas extras y el arrendamiento de inmuebles, evitar el gasto excesivo e innecesario de tiquetes para funcionarios (que preferiblemente irán en clase ejecutiva), el reconocimiento de viáticos, delegaciones oficiales, comisiones al exterior, eventos, esquemas de seguridad y uso de vehículos oficiales.
En este decreto también se habla de reducir la publicidad estatal, los gastos en papelería, compra de equipos y planes celulares, souvenirs o recuerdos, suscripciones a periódicos, revistas o servicios de bases de datos, condecoraciones y contratación de estudios. Así mismo, las entidades deberán implementar medidas sostenibles que ayuden a ahorrar, el consumo de agua y energía.
“Cada entidad del Presupuesto General de la Nación deberá especificar en su Plan de Austeridad las medidas adoptadas y el resultado de las mismas, para la reducción en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) anual de las transferencias corrientes conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021”, dice el documento.
Prestación de servicios
Con el fin de ahondar en las implicaciones y cambios que llegarán con el plan de austeridad, Portafolio consultó a varias entidades del Gobierno Nacional, con el fin de conocer las instrucciones que se han impartido y pudo constatar que una de las más llamativas es que se pidió recortar un 30% el personal de contratación de servicios.
El anuncio en el Ejecutivo se viene manejando desde los meses de octubre y noviembre, cuando la Casa de Nariño hizo esta petición a los jefes de las entidades que dependen del Presupuesto General de la Nación. Esta información fue confirmada por cuatro entidades del Gobierno, quienes advirtieron que este cambio generaría un recorte de los gastos de inversión, ya que de allí es donde sale el dinero para estos pagos.
Así mismo, la instrucción habría venido con la recomendación de hacer un filtro inicial para que este ajuste impacte a los que tienen más de un contrato con el Estado y evitar poner en riesgo la estabilidad económica de los hogares cuyos ingresos dependen únicamente de su relación con el Estado. No obstante, en el recorte estarían cayendo personas con un solo contrato y que no fueron renovadas para el 2025.
Según las fuentes que conversaron con este medio, el ahorro que generaría esta medida aún se está calculando, puesto que hay que contabilizar la cantidad de contratos que finalmente se reducirán y los montos de cada uno de estos, mientras que la fuerza de trabajo que se perdería, sería compensada con los funcionarios de planta.
Transparencia y seguimiento
Cabe aclarar que el recorte de personal por Órdenes de Prestación de Servicios no es el único camino que tomará el Gobierno para reducir el gasto, dado que en el cónclave se están analizando otras medidas, mientras que no se descarta la conversación con acreedores, para ajustar temas como, por ejemplo, las vigencias futuras.
Recientemente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), alertó sobre la baja disponibilidad de caja para el 2025 y planteó reducir el gasto fiscal a niveles inferiores a los de 2022 para recuperar la estabilidad financiera y superar las limitaciones actuales de caja.
Según el Carf, se requiere un ajuste fiscal de $52 billones, equivalente al 2,9% del PIB, para cumplir con la regla fiscal en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025. Este ajuste responde a la brecha entre el recaudo tributario proyectado y los ingresos reales de 2024, lo que impacta la base de ingresos programada para el próximo año y exige acciones inmediatas para garantizar sostenibilidad fiscal.
Por último, con el fin de garantizar que este plan no se quede en palabras, cada una de las entidades del Estado deberán establecer un plan de austeridad por escrito y publicarlo en su página de internet, para el conocimiento de la ciudadanía.
“Lo anterior, desde una perspectiva integral de su gestión en la materia encaminada a informar a la ciudadanía sobre la meta cuantitativa de ahorro para la vigencia 2025 monitorear, hacer seguimiento y revisar el cumplimiento de la meta de ahorro anual y de las medidas previstas para alcanzar dicha meta”, informaron.
Este plan también debe propender por “adoptar medidas dirigidas a simplificar procesos y eliminar reprocesos en la gestión institucional; impulsar la digitalización de documentos y procesos; evitar sobrecostos en las compras de bienes y servicios e identificar los actores institucionales responsables de la ejecución del plan interno de austeridad”.
Además del cumplimiento de las medidas que se propongan, cada seis meses se deberá realizar un informe que se entregará al Ministerio de Hacienda, para verificar que se esté cumpliendo la orden dada por el Gobierno, y publicar en las páginas y redes sociales del Gobierno, con el fin de que la gente sepa cómo va el proceso.
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