Pese a orden judicial, Petro reitera críticas contra Keralty durante discurso en Ibagué

Durante la alocución por la Dignidad y la Democracia realizada en Ibagué el 3 de octubre, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse públicamente a Keralty Sanitas EPS, pese a la orden impartida por el Consejo de Estado que le prohibió emitir declaraciones que pudieran afectar la honra de la empresa o de sus directivos.

El pronunciamiento judicial, emitido el 29 de septiembre, había determinado que las declaraciones previas del mandatario “carecían de fundamentos” y vulneraban los derechos fundamentales de la compañía, en especial los de su presidente, Joseba Grajales, a quien Petro había señalado de “criminal” durante una intervención pública el pasado 15 de julio.

En esa ocasión, el jefe de Estado afirmó que “el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”.

La decisión del Consejo de Estado surgió tras una acción de tutela interpuesta por Keralty Sanitas EPS, en la que la empresa argumentó que las afirmaciones del mandatario afectaban su reputación institucional y la integridad de sus trabajadores. En su fallo, el alto tribunal ordenó al presidente abstenerse de repetir declaraciones de ese tipo, al considerar que vulneran el derecho al buen nombre y a la presunción de inocencia.

Sin embargo, en su intervención más reciente en Ibagué, el presidente retomó las críticas. Durante su discurso, en el marco de la movilización por la Dignidad y la Democracia, dijo: “¿Cómo se le ocurre que 60 millones de millones de pesos del pueblo colombiano que necesita para su paz, para construir justicia social, se los vaya a entregar al señor dueño de Keralty?”.

El mandatario también se refirió a otras entidades del sistema de salud. Mencionó a los dueños de la Nueva EPS y sostuvo que “se parrandearon el dinero de la salud en Colombia”. En el mismo escenario, instó a los asistentes a “no arrodillarse” ante lo que denominó los intereses privados en el sector.

El fallo del Consejo de Estado enfatizó que las expresiones del presidente en su condición de jefe de Estado tienen un impacto particular sobre la opinión pública y, por tanto, deben estar sustentadas en hechos verificables. El tribunal recordó que las declaraciones oficiales deben ser prudentes y proporcionales, especialmente cuando se refieren a personas o empresas que pueden verse afectadas por su autoridad institucional.

Tras conocerse la sentencia, Keralty Sanitas EPS manifestó en un comunicado que “reivindica también el esfuerzo, la integridad y el compromiso de nuestros colaboradores, quienes han seguido trabajando con convicción a pesar del ambiente adverso que hemos enfrentado como organización”. La compañía señaló además que continuará concentrando sus esfuerzos en garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados en todo el país.

Las nuevas declaraciones del presidente Petro en Ibagué reactivaron el debate sobre los límites de la libertad de expresión en el ejercicio del cargo y el alcance de las órdenes judiciales frente a los pronunciamientos públicos del mandatario. El Consejo de Estado había advertido que, en caso de reincidencia, podrían evaluarse las consecuencias jurídicas correspondientes al incumplimiento de una decisión de tutela.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la reiteración de las críticas del jefe de Estado hacia Keralty Sanitas EPS. Entretanto, sectores políticos y jurídicos han señalado la necesidad de que se respeten las decisiones judiciales y se mantenga la institucionalidad en el marco del debate público.

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