Hace unos días se conoció que un gran número de empleados de Colpesiones salió de la entidad, entre ellos directivos y dirigentes. De acuerdo con diversas denuncias, en seis meses habrían salido por lo menos 110 personas.
La oficina de Talento Humano de Colpensiones informó, el pasado 1 de septiembre de 2023, que había liquidado en la nómina de servidores públicos por concepto de indemnizaciones un rubro de $ 1.226’061.008 pesos.
Frente a estas cifras, cumpliendo su labor de vigilancia, la Procuraduría General de la Nación hizo el seguimiento para determinar las causas de la desvinculación.
En su momento, el Ministerio Público intentaba determinar si mientras se produjo la 'masacre laboral' se gestionaban contratos nuevos.
Ahora, pasados los días, la entidad advierte que "hay una grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas que podrían afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Justamente, el 31 de agosto pasado se conoció un informe sobre la operación de Colpensiones en el que se registraron 71.402 casos pendientes, de los cuales 18.385 aparecen con términos vencidos, datos que están relacionados directamente con la falta de personal.
La situación parece ser cada vez más tensa.
Desde la llegada a la presidencia del exsenador Jaime Dussán se ha dado un nuevo rumbo a la entidad con decisiones administrativas que, según manifiestan, "ha generado una gran preocupación entre los colaboradores de la entidad, que ha acelerado la creación de nuevos sindicatos".
Por otra parte, en medio de la ola de reformas, la Procuraduría aseguró que “la implementación de un nuevo modelo pensional que estaría a cargo de Colpensiones requiere de una entidad sólida, técnica, que garantice el debido proceso, los derechos fundamentales, se proteja el patrimonio público y de los afiliados”.
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