Decidió hablar, romper su silencio y explicar por qué salió de Colombia en medio de un escándalo por corrupción.
El exdirector del DPS, Pierre Eugenio García, salpicado en el escándalo de las marionetas, habló a través de un comunicado de prensa y detalló, entre otras cosas, las razones que lo llevaron a salir del país y defenderse de la justicia desde la distancia. Él fue imputado recientemente por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
Informó que en junio de 2023 pasado, “antes de tener conocimiento de la existencia de una investigación penal en mi contra, salí del país con destino a la ciudad de París, Francia, país donde residen mis padres”.
Al momento del viaje, según García, no existía ninguna restricción para salir de Colombia, “lo que se evidencia con el simple hecho de que viajé desde el Aeropuerto el Dorado de Bogotá, pasando por todos los controles migratorios, sin ninguna restricción”.
En agosto de 2023, ante una noticia de prensa que relacionaba su nombre con el proceso penal seguido en contra de Pablo Cesar Herrera Correa, “solicité a la Fiscalía General de la Nación que me informara si existía alguna indagación en donde fuera indiciado, lo que fue contestado afirmativamente por la señora Fiscal 94 Especializada contra la Corrupción”.
Inmediatamente- contó- “informé a la Fiscalía que estaría dispuesto a cumplir cualquier llamado que fuera realizado, pero, pese a haber reiterado mi disposición para aclarar cualquier duda sobre mi conducta, nunca fui convocado por la Fiscalía”.
“También acudí al Consulado de Colombia en París para otorgar poder a mi abogado, documento al que se impusieron los sellos de las autoridades consulares, así que desde un primer momento informé a la justicia sobre mi ubicación, jamás he estado escondido y menos para las autoridades colombianas, como lo demuestra mi participación en todas las audiencias convocadas por los Juzgados y la Corte Suprema de Justicia”, narró.
En audiencias celebradas en octubre y diciembre de 2023, fue vinculado al proceso judicial.
“En enero de 2024, la Fiscalía 94 Especializada contra la Corrupción, solicitó ante el Juzgado 42 Penal Municipal de Garantías que me impusiera medida de aseguramiento de detención preventiva. En su decisión del 20 de febrero del presente año, el Juzgado negó la solicitud de la Fiscalía por encontrarla improcedente y excesiva, absteniéndose de imponer la detención en mi contra. Esta decisión a mi favor fue recientemente confirmada en segunda instancia por el Juez 27 Penal del Circuito de Bogotá, el pasado 17 de mayo; decisión final contra la que no procede recurso alguno”, dijo.
Y siguió: “Con estas decisiones, la justicia colombiana ha determinado que tengo el derecho a defenderme en libertad dentro del juicio que se adelanta en mi contra y respecto del cual tengo derecho a la presunción de inocencia. Por lo tanto, es falsa cualquier afirmación que dé a entender que he sido prófugo de la justicia, que soy fugitivo, o cualquier otra afirmación semejante que desconozca la situación jurídica. Nunca ha existido orden de captura en mi contra, ni prohibición de salir del país y mucho menos orden de privación de la libertad”.
En el comunicado de prensa, el exdirector del DPS, quien se declaró inocente, “rechazó enérgicamente los hechos que fueron imputados por la señora Fiscal 94 Especializada contra la Corrupción, quien realizando afirmaciones irresponsables y carentes de sustento probatorio (como ella misma lo reconoció en la audiencia), me sometió a un asesinato moral que lleva meses en medios de comunicación y redes sociales, tildándome de integrante de una supuesta organización criminal dedicada a la corrupción, con la que no tengo relación alguna”.
Sobre la investigación en su contra destacó que “estoy siendo investigado por un convenio que no se ejecutó, así que el DPS no pagó un solo peso a ningún contratista, no se perdieron recursos del Estado, ni fueron apropiados indebidamente por nadie. De hecho, durante el tiempo que fui Director General de Prosperidad Social se adelantaron las actividades para que dicho convenio fuera liquidado, atendiendo las recomendaciones de los supervisores, hecho que fue demostrado durante las audiencias ya realizadas”.
Adicionalmente, “adelantaré las acciones necesarias para defender mi honra, como lo hice con la denuncia penal que ya presenté en la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Pablo Cesar Herrera Correa, confeso delincuente que en búsqueda de beneficios judiciales ha pretendido enlodar mi nombre”.
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