Empresa tolimense es investigada por la Superintendencia de transporte


La Superintendencia de Transporte informó este miércoles la formulación de cargos a 22 empresas que prestan servicio terrestre de pasajeros por presuntamente no haber informado de cambio de tarifas a sus usuarios.


En caso de ser encontradas responsables, las empresas podrían ser sancionadas con multas de hasta 700 salario mínimo mensual vigente.


La apertura de las investigaciones se dio luego de verificar 1.512 taquillas utilizadas en la venta de tiquetes de 277 empresas que prestan sus servicios en 49 Terminales de Transporte del país.


Las empresas investigadas son:


• Cooperativa de Transportadores la Andina – Cootrasan


• Transportes la Esperanza S.A., Cooperativa de Transporte Tax la Feria


• Transportes Santander S.A.,Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda.


• Transportes Tisquesusa S.A.


• Cooperativa de Motoristas De Florencia Ltda - Coomotorflorencia


• Cooperativa Central de Transportadores de Riosucio Ltda. – Cootransrio


• Cooperativa de Transportes del Cesar y la Guajira - Cootracegua


• 16 Autoboy S.A


• Flota Magdalena S.A.


• Cooperativa de Transportadores Cotrans – Cotrans


• Cooperativa Integral De Transportadores De Curumaní – Coointracur


• Cooperativa Especializada de Transportadores Simón Bolívar Limitada – Cootransbol Ltda


• Cooperativa de Transportadores del Caquetá y Huila – Cootranscaquetá Ltda


• Transportes Rápido Tolima S.A.


• Transportes Cotracosta S.A.S.


• Flota Sugamuxi S.A.


• El Rápido Duitama Ltda


• Transportes Arizona S.A.


• Expreso Bolivariano S.A. En ejecución del Acuerdo de Reestructuración


• Transportes reina s.a. – Transreina S.A.


Para el Superintendente de Transporte, Wilmer Salazar, es importante señalar que la Delegatura para la Protección a los Usuarios adelantó el programa de “Seguimiento a la Información Pública de Precios” para verificar si las empresas de transporte de pasajeros suministran de forma adecuada la información sobre precios de tiquetes.


“Iniciamos con un acompañamiento en el cumplimiento de este deber; pero algunas empresas no acataron nuestro llamado ignorando el programa de promoción y prevención y, presuntamente, manteniendo una conducta contraria a la ley”, dijo Salazar.


Las investigaciones están orientadas a determinar si, con sus conductas, las 22 empresas presuntamente vulneraron el derecho que tienen los usuarios del sector transporte a recibir información de forma pública y adecuada, consagrado en la Ley 1480 de 2011 y en la Resolución 3600 de 2001 modificada por la Resolución Nro. 20213040036325 del 20 agosto de 2021 del Ministerio de Transporte.

portafolio.co

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