Dian anunció cambios con la facturación electrónica y estos son los datos que ya no deberían pedirle

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció, a través de una reciente emisión de un proyecto de resolución, nuevos cambios y redefiniciones en la facturación electrónica que podrían ser de gran relevancia para los contribuyentes y las empresas de Colombia.

Esta medida, que se ha hecho obligatoria desde hace varios años, pretende garantizar transparencia y proteger a quienes contribuyen ante la Dian, pues eliminaría la exigencia de algunos datos personales para llevar a cabo este procedimiento y establecería nuevos ajustes con respecto al pago de los servicios públicos.

Facturación electrónica en Colombia: ¿cuáles son los datos que ya no podrían pedirle?

Teniendo en cuenta este proyecto de resolución, en caso de que se aprueben los nuevos cambios en la facturación electrónica a los adquirientes ya no deberán solicitarles datos de información personal importantes, tales como:

Direcciones físicas.

Datos que no vayan en línea con las normas de protección de datos.

De esta manera, los datos que se les soliciten a los adquirientes para su correspondiente facturación electrónica serán, exclusivamente, los siguientes:

Nombre.

Identificación.

Correo electrónico.

Por otro lado, con este nuevo proyecto de resolución también se podría extender el plazo para la facturación de servicios públicos. En otras palabras, con dicha extensión las empresas podrían emitir documentos electrónicos hasta pasadas 48 horas de haber prestado el respectivo servicio, lo que beneficiaría a las empresas que operan en zonas rurales o con conectividad limitada.

Facturación electrónica en Colombia: cobros en recibos de servicios públicos tendrían cambio

En este proyecto de resolución, la Dian dio a conocer que también se prohibiría la inclusión de cobros adicionales en los recibos de servicios públicos sin que el usuario de la autorización correspondiente.

Con esta medida la dirección previamente citada busca fortalecer una relación de transparencia entre los clientes y las empresas que prestan estos servicios públicos. Y es que, en muchas ocasiones, estos cobros no notificados adicionales suelen afectar las finanzas de los hogares.

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