En su más reciente auditoría realizada a la Secretaría de Hacienda Municipal, la Contraloría de Ibagué halló un detrimento patrimonial que asciende casi a los $3.500 millones.
Esto, se debe a la negligencia de la entidad para recuperar la cartera del Impuesto Predial Unificado correspondiente a las vigencias del 2015 al 2019. Es decir, dejó de recurrir al cobro coactivo para impedir la pérdida de estos recursos.
En cinco de los hallazgos disciplinarios y fiscales que determinó la Contraloría, se lee que la entidad dejó pasar los cinco años con los que contaba para implementar medidas como prórrogas, descuentos o facilidades de pago, que permitieran la recuperación de la millonaria cartera.
Este fue el detrimento patrimonial determinado en cada vigencia:
2015: $298.430.022
2016: $298.591.632
2017: $323.173.540
2018: $732.724.036
2019: $1.837.670.984
Total: $3.490.590.215
La cifra de cada año, corresponde a la cartera de esa vigencia. Dinero que la Alcaldía perdió por dejar de cobrar capital e intereses.
"Se encontraron inconsistencias en los elementos esenciales en los procesos de cobro coactivo que genera inseguridad jurídica y vulneración de principios que puede llegar a incidir no solo fiscalmente sino también, incidencias disciplinarias, sancionatorias y penales", reza el informe.
El informe de auditoría también evidencia que en el 2023 la Secretaría de Hacienda intentó recuperar la cartera de 2015, pero los esfuerzos fueron tardíos. Los procesos habían prescrito.
Las principales responsables por el detrimento patrimonial fueron las administraciones de los exalcaldes Guillermo Alfonso Jaramillo y Andrés Fabián Hurtado, que omitieron la implementación de procesos de cobro coactivo.
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