En una reciente auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Inclusión Social, se identificaron hallazgos fiscales por un total de $47.261 millones.
Las irregularidades involucran principalmente la gestión de recursos del Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y los contratos relacionados con la ampliación de una declaratoria de urgencia manifiesta para la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
Uno de los hallazgos más significativos corresponde al detrimento patrimonial por $43.660 millones derivado de la revocatoria de un proceso licitatorio para la prestación de servicios TIC.
A pesar de que el proceso ya contaba con una oferta habilitada para adjudicar y suscribir contrato, el Sena optó por contratar mediante urgencia manifiesta, prolongando un contrato interadministrativo con Colombia Telecomunicaciones por $210.228 millones.
Este contrato, con un plazo de cinco meses (del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023), buscaba garantizar la continuidad de los servicios TIC en todas las sedes del Sena. La Contraloría señala que esta decisión resultó en una “gestión fiscal antieconómica”, ya que los valores pagados bajo el contrato interadministrativo superaron significativamente los previstos en el proceso licitatorio revocado.
“La prolongación del contrato bajo la figura de urgencia manifiesta generó un detrimento patrimonial evidente, que podría haberse evitado si se hubieran seguido los procedimientos licitatorios”, indicó un portavoz de la Contraloría.
A este hallazgo se suman otros $45.733 millones configurados como detrimento patrimonial en contratos relacionados con una primera declaratoria de urgencia manifiesta. Dichos hallazgos fueron resultado de denuncias atendidas por la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social.
El Fondo Emprender del Sena también fue objeto de críticas debido a serias irregularidades en la gestión de sus recursos. La Contraloría identificó pérdidas por $3.601 millones debido a la falta de diligencia en la recuperación de cartera de los proyectos que no lograron la condonación de sus recursos.
En este esquema, los emprendedores beneficiados deben reembolsar los recursos asignados si no cumplen con las condiciones contractuales. Sin embargo, se detectó una gestión deficiente en la administración y recuperación de estos recursos.
Según la auditoría, también se encontraron debilidades en la formulación y seguimiento de los proyectos financiados. Estas incluyen incumplimientos técnicos y jurídicos, demora en la expedición de resoluciones de planes condonados y fallas en la suscripción de contratos fiduciarios.
“La falta de control y seguimiento por parte del Fondo Emprender compromete la continuidad del programa y pone en riesgo la promoción de nuevas empresas y la generación de empleo”, afirmó la Contraloría.
En total, la Contraloría constituyó 16 hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria, y dos de ellos con incidencia fiscal por el monto total de $47.261 millones. Estas irregularidades evidencian graves problemas en la gestión de recursos públicos, lo que podría derivar en sanciones para los responsables.
La Contraloría hizo un llamado a las autoridades del Sena para corregir las deficiencias identificadas y mejorar los controles en la administración de los recursos. “Es fundamental garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de fondos públicos, especialmente en programas que impactan directamente la generación de empleo y el apoyo a los emprendedores del país”, subrayó la entidad fiscalizadora.
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