Banrepública advierte al Gobierno Petro que traslado de ahorro pensional a Colpensiones sería ilegal

El Banco de la República encendió las alertas frente al proyecto de decreto del Gobierno que busca reglamentar el traslado de recursos pensionales desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia Colpensiones y en un documento dirigido al Ministerio del Trabajo, el Emisor advirtió que la propuesta es ilegal.

En este nuevo capítulo de la discusiones jurídicas y económicas que abrió el Gobierno con el cambio de reglas a su propia reforma pensional, el punto central del análisis del Banco gira en torno a la forma en que el decreto plantea ejecutar el traslado de los recursos.

En primer lugar, el documento recuerda que la iniciativa establece que las AFP deberán transferir la totalidad de los ahorros individuales de los afiliados que opten por la ventana de oportunidad, incluyendo tanto el capital acumulado como los rendimientos generados.

Sin embargo, el Emisor recuerda que la ley vigente es clara en señalar que “los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual (…) seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión”. Bajo esta lógica, el traslado anticipado no tendría sustento legal y, en consecuencia, excedería las facultades reglamentarias del Gobierno.

Este contraste entre lo dispuesto en la ley y lo planteado en el proyecto de decreto es, precisamente, el núcleo de la advertencia del Banco de la República; que pone sobre la mesa que el hecho de que se pretenda trasladar los recursos antes de que se cause la pensión implica una modificación sustancial del esquema definido por el legislador, lo cual no puede hacerse mediante un acto reglamentario.

Así mismo, el Emisor recuerda que la Ley 2381 de 2024 se encuentra suspendida por decisión de la Corte Constitucional, salvo algunas disposiciones específicas, lo que implica que el contexto jurídico en el que se pretende aplicar el decreto es todavía incierto y no completamente consolidado.

En ese entorno, el Emisor también advierte sobre los posibles efectos financieros que podría tener la implementación del decreto. En particular, señala que la magnitud del traslado de recursos, sumada a los plazos establecidos para su ejecución, podría generar “implicaciones no despreciables sobre el funcionamiento de los mercados locales”, especialmente en aquellos donde las AFP tienen una alta participación.

Este punto resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que una parte importante de los recursos administrados por los fondos privados está invertida en títulos de deuda pública (TES). Un movimiento masivo de estos activos en un periodo corto podría alterar las condiciones del mercado, generando presiones sobre las tasas y afectando el equilibrio financiero.

El documento también pone sobre la mesa un problema operativo de fondo y es que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), previsto en la reforma pensional, aún no ha entrado en funcionamiento, lo que limita la capacidad del sistema para absorber los recursos que se pretenden trasladar.

En ese sentido, insiste en que, mientras no se cumplan las condiciones institucionales y legales necesarias, debe mantenerse el esquema actual en el que los recursos continúan siendo administrados por las AFP hasta el momento en que se consolide el derecho pensional. Esto, según el Emisor, garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad financiera del sistema.

En la práctica, la advertencia del Banco de la República plantea un freno técnico a la intención del Gobierno de acelerar el traslado de recursos hacia Colpensiones, ya que más allá del debate jurídico, el documento introduce una preocupación de mayor alcance sobre los efectos que una decisión de este tipo podría tener en los mercados financieros y en la confianza del sistema pensional.

Así las cosas, el concepto del Emisor no sólo cuestiona la legalidad del decreto, sino que también abre una discusión más amplia sobre el equilibrio entre la implementación de la reforma pensional y la estabilidad del sistema financiero, en un momento en el que el país sigue ajustando las reglas de uno de los pilares más sensibles de su economía.

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