El parlamento australiano dio un paso sin precedentes al aprobar una ley que busca restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. La normativa, impulsada por el gobierno laborista del primer ministro Anthony Albanese, se basa en lo que él mismo describe como un “vínculo causal claro entre el auge de las redes sociales y el daño a la salud mental de los jóvenes australianos”.
La ley, denominada Proyecto de Ley de Modificación de la Seguridad en Línea (Edad Mínima para las Redes Sociales), fue aprobada en el Senado con 34 votos a favor y 19 en contra. A partir de su entrada en vigor, que está programada para dentro de un año, las plataformas estarán obligadas a verificar que los usuarios tengan al menos 16 años. De no cumplir con esta exigencia, podrían enfrentarse a multas de hasta 50 millones de dólares australianos (USD $32 millones).
A pesar de su intención de proteger a los menores, la legislación ha generado un amplio debate. Expertos, políticos y grupos de defensa señalaron que la medida podría tener efectos contraproducentes. Una de las principales preocupaciones es que podría llevar a los adolescentes a buscar alternativas más peligrosas, como la navegación en la “red oscura”, o incluso agravar su aislamiento social.
Además, surgen interrogantes sobre la forma en que se implementará. Aunque la ley obliga a las plataformas a adoptar “medidas razonables” para verificar la edad, aún no se han especificado los mecanismos para hacerlo. Se espera que una prueba de tecnología de verificación de edad, programada para mediados de 2025, determine los detalles operativos.
Otro punto de discusión radica en los riesgos asociados con la recopilación de datos personales. Si se solicita a los usuarios que demuestren su edad, existe la posibilidad de que las plataformas acumulen información sensible, un hecho que ya generó comentarios críticos incluso de figuras como Elon Musk.
Un paso hacia la regulación digital
El gobierno australiano defiende la ley como una medida necesaria para abordar una crisis de salud mental en la juventud, que se ha visto exacerbada por el consumo desmedido de redes sociales. Sin embargo, el proceso legislativo es acusado de apresurado, y queda por ver si las medidas técnicas y las salvaguardias serán suficientes para hacer cumplir la normativa sin generar efectos adversos.
Por ahora, esta legislación coloca a Australia como el primer país en intentar una regulación tan estricta sobre el acceso a las redes sociales por edad, estableciendo un precedente que podría inspirar, o disuadir, a otros gobiernos alrededor del mundo.
Aunque la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, mencionó que plataformas como Snapchat, TikTok, X, Instagram, Reddit y Facebook probablemente estarán incluidas en la prohibición, YouTube quedaría excluido por su “significativo propósito educativo”. Sin embargo, el proyecto no detalla explícitamente a qué empresas aplicaría la legislación.
La propuesta se presentó al Parlamento la semana pasada, justo cuando quedaban solo tres días de sesiones en el calendario parlamentario. En cuestión de horas, el proyecto recibió 15,000 propuestas, entre ellas una de Amnistía Internacional que expresó su rechazo, argumentando que aislar a los jóvenes de las redes sociales no cumplirá con el objetivo de mejorar sus vidas.
El debate se intensificó cuando Elon Musk, propietario de X, compartió una publicación del primer ministro Anthony Albanese anunciando el proyecto de ley, señalando que podría ser una forma encubierta de controlar el acceso a internet para todos los australianos.
A pesar de las críticas, el Comité de Legislación sobre Medio Ambiente y Comunicaciones del Senado dio su respaldo al proyecto esta semana, con una advertencia: las plataformas no deberían exigir datos personales, como información de pasaportes, para verificar la edad de los usuarios. Sin embargo, persisten dudas sobre cómo las redes sociales podrían implementar estas restricciones de manera efectiva.
La medida cuenta con amplio apoyo público y político. Según una encuesta de YouGov, empresa global de datos, el 77 % de los australianos respalda la prohibición, un aumento significativo respecto al 61 % registrado en agosto. Los líderes de los ocho estados y territorios del país también apoyan la propuesta, aunque el primer ministro de Tasmania sugiere limitarla a menores de 14 años.
No obstante, las preocupaciones no son menores. Más de 140 expertos firmaron una carta abierta advirtiendo que la ley es “un instrumento demasiado contundente para abordar los riesgos de manera eficaz”. Temen que las prohibiciones generen nuevos riesgos para los niños que logren evadir las restricciones y limiten los derechos de acceso y participación de los jóvenes. La Comisión de Derechos Humanos de Australia también manifestó “serias reservas”, señalando que las leyes podrían interferir significativamente en los derechos de niños y adolescentes.
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